La mayoría legislativa aprobó la prohibición de cortes de servicios de luz, agua y gas por falta de pago y el congelamiento parcial de tarifas. La norma parece destinada a ser vetada por el Poder Ejecutivo o judicializada, ya que avanza sobre marcos regulatorios nacionales, contratos federales y mecanismos automáticos de actualización tarifaria.
La Legislatura fueguina sancionó la iniciativa en la segunda sesión ordinaria, entre el 30 de abril y el 1 de mayo, con el respaldo de FORJA y buena parte de la oposición: PJ, MPF, Somos Fueguinos, Provincia Grande, Partido Verde y Sumemos Tolhuin. Solo votaron en contra Graciania y Selzer de LLA.
La norma busca responder al malestar social por el impacto tarifario, pero plantea contradicciones regulatorias que podrían volverla inaplicable. El caso más evidente es el gas natural, cuyo servicio está regulado por el Estado nacional bajo la órbita del ENARGAS y las condiciones de concesión de Camuzzi Gas del Sur, sobre las cuales la Provincia no tiene facultades para intervenir unilateralmente.
En materia eléctrica, el proyecto ordena retrotraer tarifas al cuadro del 1 de diciembre de 2025, pero el costo mayorista lo fija Nación a través de CAMMESA. La ley no crea subsidios ni mecanismos de compensación, por lo que la diferencia recaería sobre la DPE o el Tesoro provincial, ya en una situación financiera que obliga al Ejecutivo a gestionar adelantos de coparticipación para cubrir gastos corrientes.
Si el Ejecutivo veta la norma, los legisladores podrán insistir con 10 votos —tres menos que los que acompañaron la sanción original—, dejando abierta la puerta a la judicialización y a un nuevo conflicto político-institucional.​​​​​​​​​​​​​​​​