El concejal de Somos Fueguinos abre un debate sobre conflicto de intereses en la función pública municipal.
El concejal de Ushuaia Valter Tavarone reclamó judicialmente el pago de honorarios profesionales al propio Concejo Deliberante del que forma parte, en una situación que combina un doble rol difícil de separar: el de autoridad pública electa y el de abogado privado que litiga contra el Estado municipal.
El caso
El expediente en cuestión es «Garramuño, Juan Ricardo c/ Concejo Deliberante de Ushuaia s/ medida autosatisfactiva». Tavarone intervino como letrado en esa causa y, una vez que la sentencia quedó firme, solicitó ante el Superior Tribunal de Justicia que se intimara al Concejo al pago de sus honorarios profesionales. El pedido fue presentado a principios de 2024, cuando Tavarone ya ocupaba una banca en el cuerpo deliberativo capitalino.
La resolución administrativa del Concejo fijó los honorarios en 20 IUS, equivalentes a $545.180, y estableció un plazo de cinco días para su cancelación mediante depósito bancario. El propio Concejo avanzó con el trámite interno, aprobó el pago y autorizó la transferencia a la cuenta del abogado, que coincide con la del concejal. La erogación quedó registrada bajo la partida de «Servicios Técnicos y Profesionales».
El problema político
Lo que convierte este caso en algo más que una transacción administrativa es el rol de quien reclama. Tavarone no es un actor externo que le gana un juicio al municipio: es uno de los diez integrantes del cuerpo al que le está cobrando. Eso genera al menos dos preguntas que el debate público debería responder.
La primera es de orden ético: ¿puede un concejal en ejercicio percibir honorarios por litigar contra la institución de la que forma parte, sin que eso configure un conflicto de intereses? La segunda es de orden normativo: ¿existe algún mecanismo de control que regule o al menos transparente este tipo de superposición de roles?
El hecho de que el propio Concejo haya aprobado y ejecutado el pago sin que mediara ningún cuestionamiento formal agrega otra capa al análisis.
Lo que queda abierto
El expediente judicial ya está en etapa de ejecución. Los datos bancarios para efectivizar el pago figuran en el escrito presentado por el edil, lo que indica que el cobro es inminente o ya se concretó.
Más allá del desenlace administrativo, el caso instala una discusión que la política municipal de Ushuaia no puede ignorar: hasta dónde llegan los límites entre la función pública y el ejercicio profesional privado cuando la misma persona ocupa los dos lugares al mismo tiempo.